El
antropólogo Isidoro Moreno acuñó el concepto de «zona de sacrificio» para
designar aquellos territorios que han sido sistemáticamente expoliados en
beneficio del desarrollo de otros. Si trasladamos esa mirada a nuestra realidad
local, la imagen es nítida y desoladora: Alcalá de Guadaíra se ha convertido en
la Zona de Sacrificio 2.0 de Andalucía y, por extensión, del Estado español. La
primera fase fue la explotación desaforada de las canteras de albero, una
actividad que aún perdura. La segunda, más compleja y a menudo sutil, se
articula en tres vectores superpuestos: la conversión del municipio en sumidero
de residuos, la colonización de nuestros campos por plantas fotovoltaicas y la
amenaza de una incineración masiva en la fábrica de Cementos Portland
Valderrivas.
El
complejo de Montemarta-Cónica encarna el ejemplo más visible, aunque no el
único. Esta instalación recibe y procesa anualmente cerca de 650.000 toneladas
de desechos, dando cobertura a 1,4 millones de habitantes de 42 municipios del
área metropolitana. Sin embargo, más del 80 % de esos residuos terminan
enterrados, lo que revela que el tratamiento no es tal, sino simple
almacenamiento subterráneo.
A
esta realidad se suman los vestigios de un pasado aún más opaco. El término
municipal alberga vertederos clausurados como El Patarín, donde se sepultaron,
entre otros materiales, el amianto procedente de la antigua fábrica de Uralita;
o El Acebuchal, que acogió residuos tóxicos, peligrosos y hospitalarios. A esta
herencia se añaden hoy unas cuarenta plantas de gestión de residuos —peligrosos,
no peligrosos y plásticos— con autorización ambiental en vigor, que consolidan
a nuestro municipio como el «patio trasero» de la gestión de desechos de gran
parte de la Península.
El
segundo gran frente se localiza en la fábrica de Cementos Portland Valderrivas.
Tras años de litigios judiciales, la Junta de Andalucía aprobó en 2024 una
modificación de la autorización ambiental que habilita la valorización
energética de residuos en sus hornos. Esta resolución, sin embargo, ha sido
recurrida por la entidad Alwadi-ira. El proyecto contempla la quema anual de
hasta 197.000 toneladas de desechos —neumáticos, plásticos, lodos de
depuradora, fracción de residuos sólidos urbanos y un largo etcétera— como
combustible alternativo. En julio de 2024, Alwadi-ira y la Plataforma contra la
Incineración formalizaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía su
recurso contencioso-administrativo. La demanda sostiene que la incineración de
estos materiales liberará partículas ultrafinas, metales pesados y dioxinas, lo
que agravaría aún más la ya deteriorada calidad del aire que respiramos.
A
esta presión se suma la fiebre fotovoltaica. Ya se han concedido licencias, o
se tramitan, para plantas que suman más de 2.500 megavatios, lo que sitúa a
Alcalá entre los municipios con mayor densidad de energía solar de Europa. Todo
ello sobre aproximadamente 6.000 hectáreas de tierra fértil. La transición
energética es inaplazable, pero la ocupación masiva de suelo agrario, el
impacto paisajístico, la pérdida de biodiversidad y la ausencia de estudios de
compatibilidad con la agricultura exigen una planificación rigurosa y
participativa, de la que hoy carecemos.
No
se trata de estigmatizar la gestión de residuos, ni las renovables, ni la
actividad industrial. Se trata de preguntarnos cómo y quién decide
la localización de estas infraestructuras, quién asume los beneficios y quién
soporta las cargas. Cuando un solo municipio concentra los desechos de millones
de personas, las grandes plantas energéticas y las actividades extractivas, la
pregunta es obligada: ¿existe algún criterio de equilibrio territorial? ¿Qué
papel nos han asignado las élites económicas y políticas? ¿Participan los
vecinos en las decisiones que transforman su entorno?
Ahí
reside el sentido de la expresión «Alcalá de Guadaíra: Zona de Sacrificio 2.0».
No es un eslogan, es un diagnóstico.
Ante
esta realidad, no podemos ni debemos resignarnos. Los Ayuntamientos tampoco
pueden mirar hacia otro lado, guiados únicamente por la recaudación, mientras
se hipoteca el territorio. En definitiva, no podemos ni debemos aceptar ser el
vertedero de media No podemos, ni vamos a, aceptar ser el vertedero de media
España.
Ante
esta realidad, la resignación no es una opción. Los Ayuntamientos no pueden
mirar hacia otro lado, guiados exclusivamente por la recaudación de licencias,
mientras se hipoteca el territorio. Alcalá no puede, ni debe, seguir asumiendo
el papel de vertedero de media España.
Francisco José Gavira Albarrán.
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