El 19 de septiembre de 2023 se publicó en el BOJA la modificación de la Autorización Ambiental Unificada del establecimiento hotelero Hacienda La Boticaria. La AAU puso fin a un capítulo más de una larga historia que comenzó el 8 de febrero de 2002, cuando la Comisión de Gobierno Municipal de Alcalá de Guadaíra declaró de utilidad pública e interés social una superficie de 21,85 hectáreas, en plena cornisa de Los Alcores, para uso turístico recreativo. En este espacio se construiría un hotel de 100 habitaciones e instalaciones de todo tipo, con la excusa de la hípica como motor de un negocio que se decía seguro y generador de riqueza para Alcalá. Todo fueron festejos, apoyos institucionales y respaldo económico de las cajas de ahorros.
Esto fue lo que nos dijeron en el proyecto de actuación, pero también comenzaron construyendo un campo de golf de 18 hoyos de forma ilegal, intentaron captar el agua de varios pozos de forma ilegal, se construyó un helipuerto de forma ilegal, las habitaciones pasaron de 100 a 133 de forma ilegal, lo calificado y aprobado excedió en 6.457,65 m2 de forma ilegal, el vertido de aguas residuales se canalizaría al dominio público hidráulico y un largo etc., de forma ilegal…, unas minucias que no supusieron ningún obstáculo para conceder y mantener una licencia de apertura que, aún hoy, sigue vigente, según el Estudio de Impacto Ambiental.
Por aquel entonces, la onda expansiva de la cultura del pelotazo y la especulación causó profundas heridas en nuestro territorio, que aún hoy permanecen: Extracciones de albero frente al club de tiro, La Isla, El Zacatín… o incluso en el mismo entorno de La Boticaria.
Detrás de todo se ocultaba algo más. Rafael Camps, en ABC de 21 de abril de 2018, administrador concursal de Sansan Hoteles, empresa que fue propietaria del inmueble, nos confirma que la Boticaria fue parte de un proceso inmobiliario más ambicioso, en una zona paisajísticamente privilegiada, con villas y un campo de golf como reclamo.
Sin embargo, los beneficios prometidos se convirtieron en deudas por importe de 84 millones de euros que, según se publica, formaron parte de un paquete tóxico de créditos hipotecarios de CaixaBank, adquirido luego por el fondo estadounidense Apollo Global Management. Las deudas cuantificadas se extendieron a la Seguridad Social, la Hacienda Pública y otras entidades acreedoras. Nunca sabremos con exactitud el montante total. Mucho menos cuánto ha supuesto las horas de los funcionarios y los recursos empleados desde las diferentes administraciones: local, provincial y autonómica para mantener a flote durante todos estos años dicho dislate.
Finalmente, la entidad SPV REOCO 30 S.L. se hizo con la propiedad de La Boticaria por 500.000 euros y una empresa vinculada a la misma, SPV Spain Project 14, con los muebles, menaje y cuadros, presentando el 20 de mayo de 2019 un proyecto de actuación con una doble finalidad: Por una parte, legalizar el exceso de edificabilidad y, por otra, ampliar la superficie calificada de utilidad pública e interés social para adaptarse, según dicen, a las nuevas “necesidades de la explotación”. Con esta ampliación alcanzan las 49,96 hectáreas, límite que les permite escabullirse de la obligación de redactar un Plan Especial, más garantista, según el art. 42.4.d), de la LOUA, que así lo exige cuando se rebasen las 50 hectáreas.
Y, a pesar de que el informe de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de 1 de octubre de 2019 observa incoherencias entre las superficies de las fincas registrales y las catastrales de referencia, así como en las superficies declaradas por el Ayuntamiento de utilidad pública e interés social y de que no se identifica de forma inequívoca la superficie que queda afectada a la actividad, siendo necesario abundar en la justificación de que esta no rebasa las 50 hectáreas, a pesar de que la titularidad de todas las parcelas, excepto una, correspondían a otras personas jurídicas diferentes a la promotora de la actividad, a pesar de que no se justificaba suficientemente la no inducción a nuevos asentamientos, ya que se proponía actuaciones en otros 15.000 m2, a pesar de que deben disponer de un aljibe para garantizar el abastecimiento de agua potable al hotel, de que aún no tenían del todo decidido dónde encauzar los vertidos de aguas residuales, si a la red o al dominio público hidráulico…, el 10 de marzo de 2020, el Delegado de Urbanismo firmó, para su aprobación en el Pleno, el proyecto de actuación para la ampliación del Complejo Turístico "La Boticaria", eso sí condicionado a algunas de las deficiencias observadas, no a todas, y al pago de las tasas correspondientes, a nombre de la entidad SPV REOCO 30 SL., concediéndoles la petición de la cualificación urbanística de los terrenos por 100 años.
Las denuncias y alegaciones presentadas por Alwadi Ira durante, todos estos años, han contribuido a poner el foco y el freno sobre este inmenso desaguisado. Como resultado, el campo de golf quedó en el olvido, no tienen permitido abastecerse de agua de pozo, los vertidos de aguas residuales deberán ajustarse a los puntos de conexión de la red pública (saneamiento y abastecimiento), red distante unos 1, 2 km del hotel, se implantará pantallas vegetales o setos perimetrales en torno a las instalaciones, con especies arbóreas de porte y talla suficiente, siempre que sean autóctonas, certificadas y de procedencia local, se emplearán luminarias y lámparas de mayor eficiencia energética, que no proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar evitando que ésta se introduzca directamente en fincas colindantes o se dirija hacia el cielo nocturno, deberán desmantelar el helipuerto, etc. etc. Lo anterior se acompaña de medidas de obligado cumplimiento en relación con el ambiente atmosférico, los ruidos, los residuos, el suelo…
Encima de la mesa se encuentran los escarpes de Los Alcores, un suelo calificado en el PGOU como No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística por Interés Paisajístico, una protección a resultas del POTAUS en relación con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y para el que nuestro Ayuntamiento no encuentra el momento oportuno de sentarse y protegerlo de forma efectiva. De otra parte, tenemos un proyecto que aportará a las arcas municipales muy pocos beneficios. Según el promotor se estima que se amortizará la inversión dentro de 29 años.
SPV REOCO 30 SL tiene un plazo de cuatro años para la puesta en marcha del proyecto. Tendrá que solicitar la legalización de las obras ejecutadas al margen de la legalidad y la licencia de obras de ampliación.
El trabajo de Alwadi-ira ha permitido ganar o mitigar dinámicas muy negativas en la cornisa de Los Alcores. Tenemos a la vista otro impacto, BOGARIS, entre el Castillo de Marchenilla y Gandul, donde se pretende instalar una planta fotovoltaica. Ya es hora de cortar los flujos de recursos públicos a sectores privados insostenibles. Hoy más que nunca, desde lo público, se deben fomentar los proyectos transformadores, participativos, que combatan la pobreza, fomenten la igualdad y respeten el medioambiente, alternativas más justas y sostenibles que rompan los marcos de nuestro modelo socioeconómico.
Alcalá de Guadaíra 21 de marzo de 2024
